Entrarán en vigor los juicios orales en Edomex

El maestro Camilo Rivera agradeció a las autoridades de la FESC la invitación a participar en un foro tan importante

A partir del 1° de octubre de este año quedará asentada la etapa oral en los procesos penales llevados a cabo en el Estado de México; tal y como lo indica la reforma del 1° de octubre de 2009, fecha en la que entró en vigor el nuevo código de procedimientos penales de la entidad, señaló el maestro Camilo Constantino Rivera en su conferencia Juicios orales, el pasado 25 de julio.

Explicó que el nuevo sistema penal se rige por audiencias y no por expedientes, las cuales se llevan a cabo en tres etapas: la preliminar, en la que se realiza la investigación; la intermedia, que es en donde se ofrecen y admiten los medios de prueba que se desahogarán en el juicio o debate, que es la última etapa.

En el sistema anterior, durante la averiguación previa el Ministerio Público (MP) decidía las providencias precautorias a realizar en el proceso, ocasionando molestias a terceros, que eran puestos a disposición sin ser detenidos en flagrancia y caso urgente (situaciones únicas de arresto —sin orden de aprehensión— que no tenían fundamento en la Constitución).

Para este nuevo sistema acusatorio, el MP no podrá ocasionar molestia alguna, ya que se limitará sólo a servir como una institución investigadora controlada por el juez de garantías, quien vigilará las providencias precautorias y las técnicas de investigación dispuestas. El MP puede solicitar cualquier técnica y providencia precautoria, pero éstas deberán ser autorizadas por el juez de control.

En este nuevo sistema, el abogado defensor ya no es pasivo —ya no espera únicamente el error del fiscal—; ahora se incorpora al proceso penal incluyendo sus propias entrevistas, dictámenes y testigos expertos al mismo tiempo que el MP, permitiendo así al fiscal reducir sus equivocaciones. El juez de control recibe las peticiones tanto del fiscal como del abogado defensor para la investigación, lo que se traduce en equilibrio de oportunidades para preparar la audiencia entre las partes que se enfrentan.

Posteriormente, el fiscal y el abogado defensor arman su teoría del caso y entregan sus pruebas en la audiencia intermedia para verificar la legalidad de las mismas. En esta fase también entran en contacto con las pruebas del oponente, esto con el fin de preparar su interrogatorio en la audiencia debate. Para este momento sólo serán permitidas las evidencias importantes, legales y contradictorias seleccionadas en la etapa intermedia.

El nuevo sistema acusatorio contempla también salidas alternativas, las cuales visualizan de manera primordial la reparación del daño (objetivo principal en la mayoría de los casos penales). El maestro Camilo Rivera indicó que, con las recientes modificaciones al proceso penal, el índice de reparación del daño ha sido más efectivo, esto dentro de los siete estados de la República que cuentan con juicios orales.

Agregó que para conocer los resultados de este sistema se tardarán generaciones, ya que cada entidad entra al sistema acusatorio como le es conveniente y no como se debe. Señaló que hace falta reformar el régimen penitenciario y el de seguridad pública para mejorar de forma integral el sistema judicial.

Recalcó que en el sistema acusatorio sólo se toma en cuenta la audiencia del debate, en la que el juez interactúa con las partes. En este punto se cambiaron las transcripciones por grabaciones de audio y video, haciendo evidente al público el trabajo de todas las partes; así que “olvidemos los expedientes y ahora entremos a la audiencia”, expresó.

Juez de ejecución de sentencia

Esta figura legal es derivada de los juicios orales y tiene como función vigilar el cumplimiento de la fase de ejecución de una sentencia condenatoria en un procedimiento penal, es decir, vigila el cumplimiento cabal de la sentencia (prisión, multa, amonestación, decomiso de objeto o reparación de daño), explicó el maestro en ciencias penales Juan Cabrera Téllez, juez de ejecución de sentencia en Cuautitlán.

El Estado de México es la primera Entidad Federativa que legisló este tipo de jueces para vigilar el cumplimiento de las sentencias penales; en los demás estados es el Poder Ejecutivo el que realiza esta labor.

El juez de ejecución de sentencia entra en funciones a partir del momento en que la sentencia se declara ejecutoriada, en otras palabras, cuando la ésta queda afirmada porque ya no existe recurso legal ordinario para combatirla. Esta figura jurídica nació, entre otras razones, por razonamiento lógico: una vez que se acredita la existencia de un delito, si es el Poder Judicial quien determina la sanción, corresponde a éste asegurarse de que se cumpla en su totalidad.

 Juan Cabrera mencionó que este proceso, con base a la reforma constitucional, establece que entre las facultades del juez de ejecución de sentencia se encuentran: modificar la sentencia, sustituirla, declarar la extinción de la misma, resolver el otorgamiento de libertad anticipada a los sentenciados recluidos en Centros Preventivos de la entidad —una vez que cumplan con los requisitos que para el efecto señale la ley— e intervenir en las sanciones que se apliquen a cualquier recluso, a efecto de determinar si es o no legal la sanción.

De igual forma, el juez de ejecución se interpone si al sentenciado no se le proporciona la preparación adecuada para su reinserción a la sociedad o se le obstaculiza la obtención del beneficio de la libertad anticipada. El Maestro Juan Cabrera indicó que, ante el silencio de los internos y la sobrepoblación de los Centros Preventivos, los jueces de ejecución no pueden vigilar cabalmente el respeto a los derechos humanos, por lo que se vuelve necesario establecer los implementos necesarios para realizar dicha función. 

Por otra parte, en este evento se trató la libertad anticipada, concedida a través de diversos beneficios señalados en la ley, como son: la Libertad Condicionada al Sistema de Localización y Rastreo (Brazalete), el Tratamiento de Prelibertad, la Libertad Condicional o la Remisión Parcial de la Pena. Para que cualquiera de estos beneficios sea otorgado,  la evolución del sentenciado es examinada a través de la evaluación del caso, realizada por el Consejo Técnico Interdisciplinario.

Éste evalúa tanto en forma individual como en su conjunto, el desempeño del sentenciado en el tratamiento de reinserción social a través de las áreas técnicas de Psicología, Pedagogía (educación), Actividad Laboral, Medicina, Trabajo Social y Vigilancia; cada una de estas áreas cuenta con un técnico especialista en la materia que es el encargado de evaluar individualmente la evolución del sentenciado, indicándole en su caso los lineamientos a seguir.

Sin embargo, quienes sean sentenciados por homicidio calificado o agravado, secuestro, violación o robo que cause la muerte, no podrán obtener su libertad anticipada, ya que la ley lo impide; por tanto, estos internos deben cumplir la totalidad de su sanción.

Antes de conceder cualquier beneficio de libertad, es necesario asegurarse de que el sentenciado cuente con una actividad laboral a la que se dedicará al salir de prisión. Además, debe contar con un domicilio al obtener su libertad anticipada; aunado a que debe existir alguna persona idónea encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con motivo de la libertad anticipada. Lo anterior tiene el fin de mantener ubicado al sentenciado en caso de ser requerido, así como garantizar que el sentenciado no evada fácilmente el cumplimiento de su sentencia. 

Para acceder a estos beneficios de libertad anticipada, el Centro Preventivo comunica al juez de ejecución de sentencia la propuesta del beneficio de libertad anticipada, como consecuencia de la favorable evolución del sentenciado en el tratamiento de reinserción social. Ésta es verificada a través de su Expediente Criminológico, en el que se registra la opinión colegiada del Consejo Técnico Interdisciplinario sobre su aprobación o rechazo para adquirir el beneficio.

Si el interno tiene evaluaciones positivas y cumple con los requisitos legales y técnicos necesarios para el efecto, el juez de ejecución otorga el beneficio de libertad anticipada que corresponda, obteniendo así el sentenciado su libertad. 

Para el beneficio del Brazalete, los requisitos son: haber cometido un delito por primera vez, tener una sentencia de entre siete y 15 años de prisión, cubrir el monto del dispositivo electrónico, haber pagado la reparación de daño y contar con líneas telefónicas activas —tanto celular como fija—, entre otros requisitos. 

El beneficio de prelibertad puede ser otorgado dos años antes del cumplimiento de las tres quintas partes de la pena de prisión impuesta, para el caso de los delitos dolosos, y dos años antes del cumplimiento de las dos cuartas partes de la pena de prisión en  el caso de delitos culposos; mientras que el de Libertad Condicional exige el cumplimiento de las tres quintas partes de la pena de prisión impuesta. 

Finalmente, el maestro Juan Cabrera señaló que los jueces de ejecución de sentencias declaran la extinción de la sanción cuando la pena se cumplió cabalmente en su totalidad o mediante algún beneficio.

Resaltó, que en todo momento se pretende que la parte ofendida obtenga la reparación del daño, dándole un plazo al sentenciado para que lo cumpla voluntariamente o, en algunos casos, legalmente obligado a ello. La reparación del daño se hace a la víctima o, en caso de fallecimiento, a para sus sobrevivientes que tengan derecho a ello.

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One CommentDeja un comentario

  1. Hay algo de avance pero falta mucho en nuestro sistema
    de justicia,lleno de corrupción e IMPUNIDAD.
    ¡SALUDOS ANA!


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